Santa Bárbara y grupo Segur, beneficiarios del embarque de vigilantes
Javier L. Noriega - Madrid - 23/11/2009
La decisión del Gobierno de permitir el embarque de vigilantes en buques mercantes y pesqueros de bandera española con armamento de guerra ha abierto un nuevo campo de negocio a las empresas que desarrollan sus actividades tanto en el área de la seguridad privada como en el de la defensa. Un ámbito por explorar que ya ha supuesto contratos millonarios para algunas compañías. Los primeros beneficiarios de la decisión adoptada por el Ejecutivo han sido dos empresas concretas: Santa Bárbara Sistemas (SBS), filial del grupo estadounidense General Dynamics; y Segur Ibérica.
La filial del grupo Segur ha sido la compañía que se ha llevado el contrato de los armadores para prestar seguridad en los 13 atuneros que faenan en aguas del Océano Índico y que se encontraban amarrados tras el secuestro del Alakrana. "Hicimos una petición de ofertas y fue la que más nos convenció, por su capacidad técnica, etcétera", señala Julio Morón, gerente de Opagac, que agrupa a los armadores de buques atuneros. El grupo Segur, con una plantilla de más de 7.200 empleados, facturó cerca de 230 millones de euros en 2008. Su filial de seguridad presta servicios a la Dirección General de Armamento (DGAM) del Ministerio de Defensa, a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a Aena o a Renfe, entre otros.
Duración de los contratos
Opagac no da cifras sobre el contrato firmado, que durará un año. Segur Ibérica, por su parte, no hace ningún comentario sobre este asunto. Si se tiene en cuenta que se han desplazado 54 vigilantes de seguridad a las Seychelles para proteger los pesqueros y que cada uno cobra alrededor de 4.500 euros mensuales, sólo el coste de los sueldos durante un año ronda los tres millones de euros.
De momento, el dinero lo han puesto íntegramente los armadores, que reclaman al Gobierno central y a los ejecutivos autonómicos implicados (vasco y gallego, por ejemplo) que financien una parte. "Hay unos compromisos, sólo verbales, pero que esperamos que cumplan", recuerda Morón. El pacto es que las empresas paguen el 50% de la seguridad, La Moncloa un 25% y los gobiernos regionales, el resto.
La otra gran beneficiaria es la antigua empresa pública Santa Bárbara. Pese a los reparos del Consejo de Estado, el Gobierno ha dado luz verde a que las empresas adjudicatarias de estos servicios de vigilancia compren armas de guerra. Y en este caso, el contrato se lo ha llevado el principal fabricante asentado en España, según fuentes de la industria de defensa.
La intervención de los ministerios de Defensa e Interior ha sido clave para tramitar los permisos en un tiempo récord y permitir que, en apenas 15 días, Santa Bárbara pudiera facilitar el armamento a Segur Ibérica. Los vigilantes llevan pistolas HK y fusil de asalto G36 de uso personal y dispondrán, en cada nave, de ametralladoras medias MG42 y pesadas Browning M2.
Los contratistas privados llegan a España
La reforma del Reglamento de Seguridad Privada aprobada por el Gobierno limita la posibilidad de prestar servicios en los atuneros españoles a empresas de seguridad estatales. Esta fórmula deja fuera a los contratistas militares privados (PMC por sus siglas en inglés), es decir, a las compañías de paraejércitos privados que proliferan en el Reino Unido y EE UU, tipo XE (antigua Blackwater) o Dyncorp.
Sin embargo, estas compañías sí pueden operar en los barcos españoles que naveguen con otra bandera, como la de Seychelles. Esta circunstancia la ha aprovechado la empresa UC Global que se ha hecho con el contrato para la protección del pesquero Draco. UC Global, con domicilio social en Puerto Real (Cádiz), tiene como gerente a David Morales Guillén, con experiencia en las Fuerzas Armadas españolas.
El Consejo de Estado ha recordado que este tipo de empresas son un modelo operativo "nuevo, moderno eficaz y hasta con cobertura legal relativa". Pero también ha hecho notar que, en caso de que su personal infrinja el Derecho Internacional, se aplica el mismo principio que en el caso de los mercenarios: el Estado asume la responsabilidad de lo hecho si tiene control de la operación llevada a cabo o la ampara.
Condiciones para hacer frente a los piratas
-La selección de los vigilantes que han embarcado en los atuneros españoles se ha hecho de forma acelerada, tanto entre personal que ya estaba en plantilla de Segur Ibérica como entre profesionales que se han presentado a las entrevistas de trabajo.
-Los requisitos exigidos pasan por tener habilitación como vigilantes de seguridad (TIP), licencia de armas de seguridad privada (tipo C) y experiencia militar, según explican participantes en el proceso. Se valora también la experiencia en zona de guerra y en el mar.
-Debido a la premura con la que se ha reclutado a los primeros vigilantes, la formación específica para el trabajo en el mar contra piratas sólo ha durado tres días y ha sido impartida por la Infantería de Marina en Cartagena (Murcia). Ha estado centrada, sobre todo, en el uso del armamento.
-En principio, los vigilantes trabajan en equipos de cuatro en cada pesquero. Estarán embarcados cuatro meses y luego prestarán servicios en tierra por dos meses más.
-Los sueldos que cobrarán oscilan entre los 4.000 y los 4.500 euros brutos, según las fuentes citadas. La comida y los seguros ya están descontados. En principio, el sueldo base es el de vigilante (menos de 1.100 euros) y el resto son complementos.
-Los contratistas privados que operan en zonas de conflicto como Irak o Afganistán pueden estar pagando entre 6.000 y 7.000 euros al mes a sus hombres.
